Abstract
La repetición delictiva por parte de personas que ya han sufrido una pena genera, sin duda, complicaciones a muchos niveles: social, mediático y, por supuesto, jurídico. La incapacidad estatal para reducir la reincidencia ha desembocado, tradicionalmente en el recurso a la agravación de la pena. En la actualidad, debido al incremento de las medidas de seguridad en nuestro ordenamiento, se plantea también se tales medidas pueden ser de utilidad en este campo. Resulta clara, por tanto, la mayor intensidad en la respuesta penal para los autores reincidentes. Sin embargo, creo necesario plantear si tal intensidad en el tratamiento a este tipo de autores puede ser compatible con los principios jurídicos que deben guiar nuestra legislación. En el artículo trato de demostrar la tensión entre los principios dogmáticos generalmente defendidos y el tratamiento efectivamente impuesto a los reincidentes.