Una reflexión sobre la reacción de la sociedad ante la violencia

A. Sanz Encinar

Resumen


«Uno a uno, los asnillos con los reos se iban dispersando, buscando su sitio. Cipriano divisó inopinadamente a su lado el de Pedro Cazalla, que cabalgaba amordazado, descompuesto por unas bascas tan aparatosas que los alguaciles se apresuraron a bajarle del pollino para darle agua de un botijo. Había que recuperarlo. Por respeto a los espectadores había que evitar quemar a un muerto» (Miguel Delibes, El hereje).

I.

Aunque los días del Santo Oficio estén perdidos en la noche de los tiempos, recientemente hemos tenido noticia de un hecho que nos recuerda mucho al «respetuoso» comportamiento de los alguaciles del fragmento transcrito. Me refiero a como George Bush Jr. —hijo del otrora Presidente de los EE.UU. George Bush—, Gobernador del Estado de Tejas y a la sazón candidato a la presidencia de dicha República, autorizó la ejecución de un reo condenado a muerte que se encontraba ingresado en la UCI como consecuencia de un intento de suicidio. Sin lugar a duda ésta ha sido la penúltima muestra1, y quizá una de las más llamativas, de lo que para muchos constituye brutalidad y crueldad penales. Pero no la única, ya que ésta ha sido una más de las ejecuciones que integran la larga lista de aplicaciones de la pena de muerte que tienen lugar en los Estados de EE.UU. y en el resto de los países que mantienen en vigor la pena capital como medio de respuesta de sus ordenamientos jurídicos ante determinados delitos, generalmente violentos. No obstante, lo que más llama la atención a quienes consideramos la pena de muerte como un «asesinato legal» que difícilmente puede encontrar justificación en el seno de un Estado de Derecho y de una sociedad que se jacte de defender y respetar los derechos fundamentales de las personas, es que estas ejecuciones son respaldadas por la sociedad reportando unos suculentos dividendos electorales a aquellos políticos que se muestran como unos fervientes defensores y aplicadores de la pena capital; esto supone que los responsables públicos que se oponen a la pena de muerte, en muchas ocasiones, se encuentran presionados por el electorado para que abandonen sus posiciones, so pena de ver como pueden perder el apoyo de amplias capas de la ciudadanía.


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Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid

ISSN versión electrónica 2174-0844  

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